De ABC.es
Llevaban nueve meses esperando salir de prisión y
cuando ayer lo consiguieron la Guardia Civil les estaba esperando en la
puerta de la cárcel de Cáceres para colocarles de nuevo las esposas
tras una paciente espera. Son los cinco individuos, miembros de una banda, acusados de asaltar la Base General Menacho de
Bótoa (Badajoz) el 28 de febrero del año pasado de donde se llevaron
diez pistolas Llama M82, 9 milímetros parabellum y veinte fusiles de
asalto HK G-36, que «duermen» en algún escondite y que los
investigadores buscan en varios puntos de la provincia con autorización
de la juez togada militar de Badajoz.
Los cinco sospechosos, según ha podido saber ABC, estaban en prisión preventiva desde el pasado 4 de septiembre cuando en una sola noche asaltaron cuatro sucursales bancarias de
Caja Extremadura y Banesto en las localidades cacereñas de Baños de
Montemayor, Galisteo y Alagón del Río. En el último atraco, en torno a
las cinco de la mañana fueron detectados por la Guardia Civil tras
recibirse la alerta de la central de alarmas. Fue entonces cuando se
inició una persecución delirante en la que los ladrones se saltaron dos
controles, dispararon contra los agentes e
intentaron atropellar a un guardia. Abandonaron el Audi A-8 robado en
el que huían y se refugiaron en las copas de las encinas de una zona
boscosa de Casatejada (Cáceres). Los individuos fueron detenidos tras un tiroteo en el que dos de ellos resultaron heridos de bala e ingresaron en la cárcel por orden judicial.
Del mismo barrio de Badajoz
El
cabecilla del grupo es Marcos Antonio Castellanos, de 27 años, un
exmilitar que estuvo destinado en la base militar de Botóa, de ahí que
la conociera a la perfección. Junto a él perpetraron el audaz robo su
hermano José Manuel Castellanos, de 31 años, y tres compinches de entre
22 y 27 años (D. M. G., A.A.R. y D.M.L). Todos son españoles, proceden
del mismo barrio de Badajoz y tienen numerosos antecedentes. Los
investigadores sospechan que han cometido decenas de robos con fuerza en
Extremadura.
Los
Castellanos estuvieron en el punto de mira de los investigadores desde
los primeros días del asalto porque se sospechaba que no era la primera
vez que entraban a robar en la base de Bótoa,
sede de la Brigada Mecanizada de Infantería Extremadura XI del Ejército
de Tierrar. En abril de 2008 en ese mismo acuartelamiento militar tres
individuos se apoderaron de un vehículo blindado tipo oruga estacionado
en los talleres del Regimiento de Carros, forzaron la oficina donde
estaba un cajero del BBVA y lo arrancaron de cuajo. Agentes de la base
los sorprendieron, pero lograron ocultarse en los barracones y huir.
Las armas «duermen»
En los meses previos al robo de armas se produjeron sustracciones de ordenadores, baterías y llantas de vehículos,
así como diverso material. Todas las investigaciones apuntan a los
mismos individuos por las similitudes en los golpes. Pese a los indicios
de que eran los autores del asalto no se les pudo detener—aunque
estuvieron bajo control— porque no había suficientes indicios sobre el
paradero de las armas, valoradas en más de 30.000 euros.
Se
cree que las pistolas y los fusiles no han sido vendidos a ninguna
organización criminal ni terrorista como se llegó a especular. Primero
porque los detenidos no tienen contactos a ese nivel y segundo porque
sospechaban que los agentes les seguían los pasos muy de cerca y no
querían arriesgarse más de lo que ya lo habían hecho.
Los
dos hermanos son los líderes de la banda, tipos bragados, violentos,
que no dudan en tirar de pistola o escopeta si se ven en apuros como
hicieron en septiembre; durante el robo a la base también demostraron su
sangre fría: intentaron forzar varios todoterreno «Aníbal» hasta que
consiguieron arrancar uno, ya dentro del acuartelamiento. A
continuación, pertrechados solo con una cizalla y una llave grifa,
rompieron todo lo que se les puso por delante, inutilizaron una alarma
sonora y subieron hasta la taquilla del sargento encargado del armero.
La abrieron y robaron su uniforme, en busca de los códigos de seguridad.
El asalto al acuartelamiento puso en evidencia la falta de medidas de seguridad
de una instalación crítica como esa. De hecho, de las 44 cámaras de
seguridad con las que contaba en esos momentos solo funcionaban algunas y
en dos años se sucedieron distintos episodios de robos que solo
trascendieron en parte.
En
su día la ministra de Defensa, Carme Chacón, sostuvo que en la base no
fallaron los medios técnicos, sino las personas para justificar de ese
modo por qué se detuvo a los cuatro militares que estaban de guardia esa
noche y que en modo alguno participaron en el robo.
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